FRANCISCO LOPEZ BARCENAS / MAYRA MONTSERRAT ESLAVA GALICIA
En nuestro país la minería es una industria floreciente. Su incidencia en la economía mexicana comenzó a tener importancia en la década de los noventa, después de la reforma al artículo 27 constitucional y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, dos hechos importantes en el futuro de la industria minera: el primero permitió el cambio en la orientación de la legislación minera, mientras el segundo marcó las pautas de lo que debería aprobarse, lo cual no sólo se reduce a la legislación minera, pues incluye el acceso a la tierra bajo la cual se
encuentran los minerales, el uso del suelo, el uso del agua para el procesamiento del mineral, la prevención o remediación de la contaminación ambiental y la inversión extranjera en este rubro.
Entre las leyes que regulan la actividad minera destacan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Minera, pero no son las únicas. También lo hacen la Ley General de Bienes
Nacionales, la Ley Agraria, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley Federal
de Derechos, la Ley de Inversión Extranjera y el Código Civil, sin contar los reglamentos de varias de ellas.
En este documento se presenta un análisis de las distintas disposiciones jurídicas y los aspectos que regulan. Las reflexiones que contiene se han agrupado en los siguientes aspectos: la propiedad originaria y régimen de propiedad agraria, la propiedad de los
recursos naturales en México; carácter de la actividad minera, materias sobre las que se aplica la ley, las concesiones, los pueblos indígenas y la minería, las formas de ocupación de la tierra para acceder al mineral, y las actividades mineras y la protección del
ambiente.
